Lamentablemente, es una situación habitual ver como las entidades financieras ejecutan, por impago de hipoteca, el inmueble que está en garantía, y se lo acaban adjudicado por un 60% o bien por un 70% -en el mejor de los casos- si se trata de vivienda habitual.

No siendo suficiente muchas veces con esta vivienda, en caso de que exista alguna cantidad “sobrante” como pueden ser las costas e intereses del procedimiento judicial, que pueden alcanzar a ser fácilmente el 30% de las cantidades reclamadas por la deuda del préstamo hipotecario – a sumar-, la entidad financiera está facultada para seguir reclamando al deudor las cantidades que le “falten por cobrar”.

¿Qué ocurre con la vivienda que el banco se ha adjudicado?

Para nadie es una sorpresa que lo que busca la entidad financiera es liquidez monetaria, en lugar del inmueble. Por tanto, es lógico pensar que lo primero que va a hacer el banco, tras adjudicarse y ser titular del inmueble, es poner a la venta la vivienda ejecutada.

Es importante que, si ha quedado “sobrante” que la entidad financiera pretende reclamar al deudor, conocer qué situación tiene o cursa la vivienda que el banco se ha adjudicado, ya que se podría dar un caso de enriquecimiento injusto.

Me explico, con un ejemplo.

Imaginemos que existe una deuda de 200.000 euros de principal (más costas e intereses), que se reclaman en una demanda de ejecución hipotecaria. Se realiza la subasta de la vivienda habitual, y el banco se queda el piso o casa por el 70% del valor de tasación del inmueble (que imaginamos es de 250.000 euros en escritura). Esto significa que el banco se está quedando el inmueble por un valor de 175.000 euros, cantidad que si comparamos con la deuda de 200.000 euros, vemos como todavía persiste una deuda a favor del banco de 25.000 euros que puede reclamar al deudor.

Ahora imaginemos que, mientras la entidad financiera pone una reclamación al deudor para solicitarle estos 25.000 euros (más luego costas e intereses, que pueden ser del 30% de la deuda principal – 200.000€-), la entidad pone a la venta el inmueble y lo vende por 230.000 euros a un tercero.

Como es fácil de comprobar, en este ejemplo hay un claro enriquecimiento injusto por parte del banco, quien por un lado obtendrá 230.000 euros derivado de la venta de la vivienda (cuando se la adjudicó por 175.000 euros), y además pretende cobrarse del deudor la deuda restante, que es como mínimo 25.000 euros.

Así pues, ha sido el mismo Tribunal Supremo quien, a razón de varias sentencias en la que ya existe una sentada doctrina pacífica sobre el asunto, ha considerado que en este tipo de situaciones se puede dar el fenómeno jurisprudencial del enriquecimiento injusto de la entidad financiera, a costa del deudor.

Citamos para todas la Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de enero de 2015 (261/15) una de las sentencias pioneras que parece haber abierto la puerta a la aplicación de la doctrina del enriquecimiento sin causa o enriquecimiento injusto en un determinado supuesto de enajenación de bienes previamente adjudicados conforme al artículo 671 de nuestra ley procesal, y de la destacamos el siguiente extracto:

 “El enriquecimiento injusto sólo podría advertirse cuando, tras la adjudicación, y en un lapso de tiempo relativamente próximo, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía muy relevante, pues este hecho mostraría que el crédito debía haberse tenido por satisfecho en una proporción mayor, y al no serlo, el acreedor obtiene un enriquecimiento injusto con la plusvalía, o por lo menos con una parte de la misma.” (STS 261/2015 FUNDAMENTO 11º)

Por ello, en caso de que la entidad quiera seguir reclamando deuda sobrante tras una adjudicación en subasta de una vivienda o inmueble en garantía hipotecaria, será importante poder ver el curso de posible venta de este inmueble para poder acreditar que ha existido un enriquecimiento injusto.

Tras la revolución de la llamada “mala praxis bancaria” en la comercialización de productos complejos y de riesgos (hipotecas multidivisa, swaps, cláusulas abusivas en los contratos de préstamos, preferentes y subordinadas…), ahora el Tribunal Supremo viene a establecer doctrina sobre los riesgos que tienen las distintas modalidades del cobro de la prestación de un plan de pensiones, una vez producido el evento de la jubilación.

Sentencia sobre el plan de pensiones

Así entonces, mediante Sentencia de Pleno 40/2019, de 22 de enero de este 2019, el Supremo Español sienta jurisprudencia sobre los deberes de las entidades financieras en relación a la transparencia e información que tienen las entidades de planes de pensiones acerca de los riesgos de las distintas modalidades de cobro.

El caso concreto tratado por el Supremo trata sobre sobre un señor que, al momento de la jubilación, había optado por la modalidad de cobro de su plan de pensiones en forma de renta asegurada mensual y fija durante 15 años, designando como beneficiaria, en caso de fallecimiento, a su esposa.

Pues bien, la esposa falleció dos años antes al fallecimiento del titular del plan de pensiones, y entonces las hijas del matrimonio interpusieron demanda frente a la promotora y gestora del plan para que fueran condenadas al abono del plan de pago de las rentas desde el fallecimiento del titular, hasta la finalización de los 15 años que se había propuesto.

Pues bien, llegado el caso hasta el Supremo mediante recurso de casación, el Alto Tribunal Español determina que son especialmente exigibles los deberes de información y transparencia acerca de los derechos de los participes a las distintas modalidades de cobro de las prestaciones (percepción de capital en pago único, renta garantizada o renta financiera cuya cuantía o duración no está garantizada).

Pues bien, cada una de las modalidades de cobro presenta ventajas y riesgos. Por tanto, la valoración de la mejor forma de cobrar dependerá de cada caso en concreto y de las necesidades del beneficiario, por lo que es preciso que cuente con un conocimiento de los riesgos asociados a cada modalidad.

La conclusión en el caso concreto es que no existió una información adecuada sobre las características de las opciones de cobro del plan y, en particular, sobre la extinción del derecho a cobrar la renta garantizada si fallecían el partícipe y su esposa antes del plazo garantizado de los 15 años. El Tribunal Supremo considera que, al ser los planes de pensiones productos que se comercializan como una forma de ahorro, para un consumidor medio sin conocimientos específicos, la expresión “renta asegurada” evoca a pensar en una garantía proporcionada por la promotora y la gestora del plan, de que la renta se va a cobrar durante el plazo de 15 años.