No nos daremos cuenta y pronto cumplirá ya un año desde que nos daban la noticia de que la entidad Banco Popular había sido “comprada” por un Euro, por el gigante español Santander.

Han sido- y siguen siendo- meses de incertidumbre y de enfado de los miles de accionistas que se han quedado sin su inversión, ya sea en deuda subordinada, bonos o bien acciones.

Los afectados empezaron a moverse, y ahora empieza a haber reacciones de nuestras instituciones, a la espera también de que los juzgados y tribunales empiecen a emitir sentencias para resolver los asuntos, a nivel de justicia.

Empiezan las resoluciones del caso Banco Popular

Una de las primeras reacciones ha sido el anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la posibilidad de imponer una multa o sanción de más de un millón de euros al expresidente del Banco Popular, el Sr. Ángel Ron, si finalmente la institución resuelve que el Sr. Ron cometió una falta “muy grave” al ocultar información relevante.

La Ley del Mercado de Valores, en su regulación, establece sanciones de 600.000 euros para los casos considerados como “muy graves”; y a ello se podría añadir la cantidad de 400.000 euros por el simple hecho de ejercer un cargo de administración.

Pero el Sr. Ron puede que no sea el único, pues la misma suerte podrían correr otros miembros de la cúpula del que fue una de las entidades más relevantes de España, Banco Popular.

En segundo lugar, y no menos importante, tenemos a Emilio Saracho, el conocido como ex presidente de Popular, y quien regaló la entidad al Santander. El expresidente tendrá que comparecer ante los tribunales – en concreto al Juzgado de Primera Instancia 27 de Barcelona- el próximo 22 de mayo de este 2018 en calidad de testigo en un juicio civil en el que se solicita una indemnización a un inversor minorista que perdió casi 30.000 euros a causa de la amortización de las acciones y la resolución de la entidad financiera.

Por si lo anterior no fuera suficiente, Luis de Guindos – actual ministro de Economía y candidato además a la vicepresidencia del Banco Central Europeo- ha manifestado en una entrevista extrajera que lo mejor sería que es publicara el ya tan mencionado informe de Deloitte, dando a conocer así a todos los inversores las verdaderas causas de resolución de la entidad financiera.

La resolución de Banco Popular no era la única solución

Lo único cierto es que, seguramente, la resolución anticipada de la entidad financiera no era la única solución para la entidad. Sí quizás la más fácil o menos perjudicial para los interesados, pero no la más factible si tenemos en cuenta que una de las prioridades de nuestro sistema jurídico es la protección del accionista e inversor.

Y lo único que hacen las instituciones como la JUR o el FROB, negando el acceso al contenido del informe de valoración de Deloitte, es sembrar más dudas y sombras sobre la viabilidad de la resolución de la entidad Banco Popular.

No tardarán en salir resoluciones de nuestros tribunales que juzguen los mecanismos de resolución que propiciaron la amortización de los títulos a miles de inversores que hoy han visto reducida su inversión /capital a 0 euros. Y serán los juzgadores los que deberán decidir la indemnización que proceda a estos inversores, a quienes se les ha expropiado – literalmente- sus ahorros.