Los estados miembros tenían hasta el 21 de marzo de 2016 para realizar la trasposición de la Directiva 2014/17/CE. Como desde Navas & Cusí se lleva advirtiendo desde abril del año pasado, el gobierno no estaba cumpliendo con el plazo establecido para la trasposición de esta directiva.
Desde julio de 2016 se llevan presentado varios borradores por parte del gobierno, llevándose a cabo anteproyectos que no cumplen plenamente lo que incluye la directiva europea. El gobierno español, al igual que el de Croacia, Portugal y Chipre, no han cumplido con la vigencia de esta norma comunitaria, vigente desde el 21 de marzo del año pasado.
Por ello, la Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a estos países, entre ellos España, por no haber incluido la normativa europea hipotecaria a su legislación vigente.
Esta normativa defiende los derechos de los consumidores en relación a la suscripción de préstamos hipotecarios o cuando estos tengan problemas para reembolsar esos préstamos. Se pretende conseguir un mercado de crédito hipotecario que proteja a los consumidores.
La no aplicación de esta directiva perjudica a los consumidores ya que otros prestamistas de otros países de la Unión Europea no pueden realizar actividades comerciales, perjudicando a la competencia y la elección entre varias ofertas.
La trasposición no se llevó a cabo ya el gobierno se encontraba en funciones, según fuentes del Ministerio de Economía, necesitan llegar a un consenso parlamentario por lo que no depende únicamente del gobierno.
Juan Ignacio Navas Marqués, socio-director de Navas & Cusí considera que “el retraso es bochornoso y culpable. Nos podríamos haber ahorrado este descrédito nacional”.
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