Recientemente se ha puesto sobre la mesa el Anteproyecto de ley de la llamada “Tasa Google”, que en realidad es un impuesto que grava determinadas actividades digitales realizadas por grandes empresas multinacionales tecnológicas, considerándose dentro de esta categoría todas aquellas que tengan unos ingresos anuales mundiales de, como mínimo, 750 millones de euros y, en España, superiores a 3 millones de euros.
Esta propuesta tuvo sus raíces en una sugerencia de la Comisión Europea, que está, actualmente, trabajando en la creación de un impuesto digital de similares características para todos los estados miembros, a fin de dar un paso más en la armonización fiscal del sector de la economía digital.
España no es el primer país de la Unión Europea en regular este tipo de actividades digitales. En Francia, por ejemplo, el año pasado entró en vigor una ley que, de momento, está paralizada por los aranceles impuestos, por la Administración Trump, sobre productos franceses, entendiendo que tales tasas penalizaban directamente a multinacionales tecnológicas estadounidenses como Facebook, Amazon o Google.
El tipo de gravamen que se fija es del 3% de los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos de la información proporcionada por el usuario.
Existen algunas actividades de comercio electrónico que están excluidas del pago del impuesto, como por ejemplo, las operaciones de venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea o aquéllas realizadas a través de la web del proveedor en la que éste no actúe como intermediario.
Por último, es importante destacar que si bien la previsión de recaudación supera los 900 millones de euros anuales, no se prevé que la “tasa Google” grave a los usuarios de servicios digitales, es decir a los consumidores, a quienes, en última instancia, también se pretende proteger, pues de ellos obtienen las grandes multinacionales los datos que utilizan
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