Law & Trends ha hecho balance de este año 2018 que hemos cerrado, y he tenido el honor de situarme en primera posición en el ranking de profesionales del derecho de la revista.

Me enorgullece y me alegra poder compartir este tipo de noticias, las cuales vienen a resultas de todo un esfuerzo de más de 35 años ejerciendo la profesión de abogado y defendiendo los derechos tanto de ciudadanos como de empresas, en el sector financiero y en el derecho de la Unión Europea.

Además de nuestra defensa jurídica, nos gusta tener a nuestros clientes y usuarios internautas, informados de todas las actualizaciones que ocurren en nuestro sector legal.

Muchas veces es complicado poder conseguir  abarcar todas las novedades legales y jurisprudenciales en un entorno tan globalizado. No obstante, ello es posible gracias al trabajo constante de cada día, el cual nos permite poder dar respuesta a cualquier novedad o contexto legal que se pueda dirimir.  Nuestra amplia experiencia nos permite también tratar casos prácticos, algo que es muy importante hoy en día, para poder solventar problemas jurídicos.

Solo me queda dar las gracias a Law & Trends por reconocer nuestro trabajo y esfuerzo en el mundo jurídico, y esperamos poder compartir más logros durante este año 2019.

Durante la semana pasada el Banco Popular ha sido noticia por su compra por el Banco Santander por un euro, haciendo que las acciones del Popular en la bolsa perdieran todo su valor.

Accionistas del Banco Popular

Desde el primer momento de esta adquisición la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, aseguró que la sociedad española no tendría que hacerse cargo económicamente de esa operación. Aunque no se haya utilizado dinero público, el total de accionistas han perdido toda su inversión.

El Popular ha realizado cuatro ampliaciones de capital desde la crisis del 2.008, en la ampliación gestionada por Ángel Ron vendieron un producto irreal, y en la última necesitaron 1.000 millones de euros como provisiones adicionales.

A los inversores y accionistas se le prometieron conseguir beneficios y dividendos, que se han convertido en la pérdida de grandes cantidades multimillonarias. La macroampliación se llevó a cabo sin ningún tipo de análisis de riesgo ni se comercializó de forma transparente. Asimismo, las pymes no tuvieron elección pues al contratar una línea de crédito fueron prácticamente obligadas a comprar acciones de la entidad.

Unos de los más afectados no son los accionistas, sino que son las personas que para ir a esa ampliación pidieron préstamos a la misma entidad, por lo que ahora van tener que seguir pagando ese préstamo, para la adquisición de acciones que no tienen valor, al Santander.

En estos últimos días se han disparado las demandas por esta macroampliación de capital al no actuar debidamente, pues no se mostraron las cuentas ni la situación económica reales, ni se llevaron a cabo los análisis de riesgos posibles, ni se hizo de manera transparente.

Muchos profesionales de derecho bancario han comunicado que van a interponer las demandas necesarias para que los accionistas recuperen su inversión.

Todo este caso tiene grandes similitudes con el caso Bankia, por lo que se van a iniciar acciones legales a los dos consejos de administración del Banco Popular, al de Ángel Ron y al de Emilio Saracho. Cabe recordar que el año pasado la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya impuso un millón de euros como sanción por comerciar bonos convertibles.

Ahora toca al Banco Santader asumir todos los problemas sobre las acciones y los bonos del Banco Popular.

Estos son algunos de los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia:

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional el pasado 11 de mayo, se ha declarado la nulidad del impuesto de plusvalía si se dan minusvalías. Desde Navas & Cusí declaramos que la cuantía a abonar por los diferentes ayuntamientos rondaría los 10.000 millones de euros. Será un gran impacto para las arcas públicas de esos municipios.

Cómo reclamar la plusvalía municipal

Esta nulidad solamente afecta a quien haya comprado, vendido, donado o heredado una propiedad en los últimos cuatro años, aplicándose la prescripción en el resto de casos. Principalmente se recomienda a todos los damnificados a reclamar los ingresos cobrados injustamente a sus ayuntamientos. En el caso de no conseguir un acuerdo, se aconseja seguir por la vía contencioso-administrativa.

La sentencia del 16 de febrero de este año del Pleno Alto Tribunal sobre los territorios forales de Guipúzcoa y Álava, ya declaró inconstitucional este impuesto recogido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Muchos han sido los tribunales que se han manifestado ante el cobro del impuesto de plusvalía, pues sería contrario al art. 31.1 el cual estipula que los ciudadanos deben contribuir según su capacidad económica. Desde el despacho Navas & Cusí defendemos que se trata de una decisión idónea que beneficia a los ciudadanos.

Al ser anulado el pago del impuesto sobre el incremento del valor delos terrenos de naturaleza urbana a nivel nacional, cualquier propietario que venda la propiedad por una cantidad menor por la que la adquirió no tendrá que abonar ese tributo.

Muchos han sido los medios que se han hecho eco de la noticia:

Los estados miembros tenían hasta el 21 de marzo de 2016 para realizar la trasposición de la Directiva 2014/17/CE. Como desde Navas & Cusí se lleva advirtiendo desde abril del año pasado, el gobierno no estaba cumpliendo con el plazo establecido para la trasposición de esta directiva.

Desde julio de 2016 se llevan presentado varios borradores por parte del gobierno, llevándose a cabo anteproyectos que no cumplen plenamente lo que incluye la directiva europea. El gobierno español, al igual que el de Croacia, Portugal y Chipre, no han cumplido con la vigencia de esta norma comunitaria, vigente desde el 21 de marzo del año pasado.

Por ello, la Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a estos países, entre ellos España, por no haber incluido la normativa europea hipotecaria a su legislación vigente.

Esta normativa defiende los derechos de los consumidores en relación a la suscripción de préstamos hipotecarios o cuando estos tengan problemas para reembolsar esos préstamos. Se pretende conseguir un mercado de crédito hipotecario que proteja a los consumidores.

La no aplicación de esta directiva perjudica a los consumidores ya que otros prestamistas de otros países de la Unión Europea no pueden realizar actividades comerciales, perjudicando a la competencia y la elección entre varias ofertas.

La trasposición no se llevó a cabo ya el gobierno se encontraba en funciones, según fuentes del Ministerio de Economía, necesitan llegar a un consenso parlamentario por lo que no depende únicamente del gobierno.

Juan Ignacio Navas Marqués, socio-director de Navas & Cusí considera que “el retraso es bochornoso y culpable. Nos podríamos haber ahorrado este descrédito nacional”.

Infórmese de los medios que se han hecho eco de la noticia:

El propio Banco Popular ha reconocido que tiene que realizar las correcciones oportunas en sus cuentas de provisiones y garantías tras la auditoría interna realizada por PriceWatherhouseCoopers (PWC). Si esas cuentas no reflejaron la situación financiera real de la entidad bancaria, los inversores podrían reclamar alegando que no tenían datos reales.

En palabras de Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, “en caso de que esa contabilidad incorrecta significará infracciones de orden legal podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades tanto al consejo de administración del Banco Popular como a los organismos reguladores -CNMV y Banco de España- por su responsabilidad in vigilando”.

Si el consejo de administración del banco da por bueno el informe elaborado por PWC deberán reformular las cuentas. La entidad financiera remitió a la CNMV que el informe de la auditoría interna muestra que más de 600 millones de euros de los ejercicios de antes del 2015 están mal calculados.

El consejo de administración ha declarado que no cree que las cuentas deban ser reformuladas al no haberse visto tan afectadas, añadiendo que simplemente deberían asumir el impacto en el ejercicio de cuentas de este año. Unos u otros ajustes van a mermar los niveles del capital en unos 50 puntos básicos.

Por otro lado, el Banco de España que ha sido el encargado de inspeccionar la actividad del banco, va a tener que explicar y aclarar la situación de la entidad.

Tras lo sucedido, diversos despachos de abogados, entre ellos Navas & Cusí, han estado estudiando el caso para tener en cuenta posibles demandas contra la entidad. La demanda se presentaría por parte delos accionistas de la última ampliación al comprobarse la existencia de valoraciones indebidas.

Infórmese de los medios que se han hecho eco de la noticia:

Con la aprobación del Real Decreto-ley 5/2017 el pasado 18 de marzo en el BOE queda modificado el Real Decreto-ley 6/2012 sobre la protección de los deudores hipotecarios que no disponen de recursos.

Ampliación de la moratoria de los deudores hipotecarios

Desde el primer decreto le han ido sucediendo otros con los que se amplía la duración de moratoria hasta 3 años más, teniendo presente la reciente crisis económica y financiera de los últimos tiempos. Por lo que se amplía el plazo de suspensión de ejecuciones hipotecarias hasta el año 2020.

Para posponer esos desahucios los afectados deben cumplir ciertos requisitos modificados en este último decreto, en el que se ha ampliado el colectivo de la sociedad que puede beneficiarse de estas medidas. Acogiéndose a ellas familias con hijos menores, monoparentales, víctimas de violencia de género o discapacitados, además de los colectivos protegidos en los decretos anteriores.

Desde Navas & Cusí se achaca que debido a la praxis de los últimos años se ha tenido que aumentar la protección para todas esas familias afectadas por la crisis económica y financiera. Asimismo, se defiende que las entidades bancarias ofrezcan alquileres sociales en vez que el banco pase a ser el propietario legal de la vivienda.

El proponer un sistema de recuperación de la vivienda es un acierto ya que se evitan las cesiones de créditos a fondos buitre limitando el derecho de tanteo y de retracto. Sin olvidar, la hitorial de la vivienda, la situación del deudor hipotecario y la cantidad prestada.

Desde nuestro despacho sostenemos que debería ser una ley permanente y de obligado cumplimiento para todas las entidades financieras ya que solamente se aplicará a las que suscribieran el Código de Buenas Prácticas. Este Real Decreto admite que las inscritas en el Código se puedan dar de baja antes de un mes, esto no se debería permitir, incluso debería ser obligatorio para todas las entidades la suscripción en el Código de Buenas Prácticas.

Infórmese de los medios que se han hecho eco de la noticia: