A pesar de que, en los últimos años, se han ido aprobando diferentes Directivas en relación a la prevención del blanqueo de capitales -como la Directiva 2018/843 de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo- se han mostrado ineficaces porque todavía están pendientes de transposición por parte de los Estados miembros (es el caso, por ejemplo, de España). 

Es necesario recordar que el incumplimiento o el retraso en la transposición de las normas comunitarias pueden llevar a la Comisión Europea a instar un procedimiento de infracción contra los Estados miembros que no cumplan con esas obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto los artículos 258 a 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Esa Directiva de blanqueo de capitales deja en manos de las autoridades nacionales la competencia de vigilar esta práctica, pero no sólo en muchos casos no ha sido transpuesta, sino que entre aquellos Estados que sí han cumplido con esta obligación, la han interpretado de formas distintas, suponiendo, en la práctica, distintos parámetros de aplicación, lo que dificulta el fin y sentido de la norma.

Es por ello, por lo que la Comisión Europea tiene previsto proponer el establecimiento de un supervisor único en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Todavía no se ha decidido si se va a crear una nueva autoridad o agencia o si tal responsabilidad supervisora se va a dejar en manos de la Autoridad Bancaria Europea, que, en tanto que parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, se encarga de garantizar la efectividad y la supervisión del sector bancario europeo.

El inconveniente que podría existir en el supuesto de que fuera esta Autoridad Bancaria la responsable en materia de prevención de blanqueo es que la misma tiene limitadas sus facultades, pues, en última instancia, son los Estados miembros quien la dota de competencias.

En relación con lo anterior, la Comisión Europea también se ha propuesto la armonización de las políticas de prevención de blanqueo de capitales, para lo que, una vez más, necesitará contar con la aprobación de los Estados miembros.

En definitiva, es innegable que la Comisión Europea pretende ofrecer una nueva visión y una coherencia en la consecución de uno de los principios europeos, como es el del buen funcionamiento del Mercado Interior dentro de la Unión Europea, y para ello, prevé esta nueva supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales, lo que se irá desarrollando en la medida en que vaya lográndose un equilibrio entre las voluntades de los distintos Estados miembros, entre sí, y con las propias instituciones europeas.

A día de hoy, los Estados miembros todavía no han llegado a un acuerdo sobre cuestiones tan relevantes como el importe económico que tendrá el Fondo de recuperación –la mayoría de los Estados miembros abogan en que alcance hasta los 1,5 billones de euros, ni sobre la forma en qué se financiará, ni sobre si el mismo actuará como un segundo plan de rescate ofreciendo créditos y ayudas a los Estados.

Tendremos que esperar hasta el próximo día 6 de mayo para conocer los pormenores de este Fondo, pues está previsto que la Comisión Europea presente una propuesta concretando los pormenores de esta medida.

La creación de este Fondo de recuperación tiene su base en distintos principios del Derecho de la Unión Europea. Así, en primer lugar, es innegable que responde a los principios económicos europeos y que está estrechamente relacionado con el próximo Presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, que, dadas las discrepancias existentes entre los Estados miembros, todavía no ha sido aprobado.

Cabe recordar que los Presupuestos son propuestos por la Comisión Europea, y su aprobación está sometida, inevitablemente, a los Estados miembros (a través del Consejo Europeo) y al Parlamento Europeo. A ello hay que añadir la posibilidad, como ya ocurrido, de que esos presupuestos tengan que ser modificados o rectificados (ampliados).

Pero, por otro lado, la creación de este Fondo de recuperación también responde a los principios de cohesión económica, social y territorial y de solidaridad que recoge el propio Tratado de la Unión Europea, en su artículo 3, apartado 3, cuando dispone que “La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros”.

En definitiva, para terminar, debe destacarse la importancia que, para los ciudadanos y las empresas de todos los Estados miembros, tienen todas las medidas que puedan ir adoptándose por las instituciones y organismos de la Unión Europea –no sólo por parte de la Comisión, sino también, por ejemplo, por parte del Banco Central Europeo, que tiene un papel clave en el entramado económico- para afrontar esta crisis y lograr el óptimo avance económico.

La imperante crisis económica y sanitaria que está azotando la zona europea estos días, dejará tras de sí una recesión económica equivalente a aquella que azotó los mercados europeos en 2008. No obstante, esta vez, se presenta una oportunidad única para la Unión Europea para avanzar firmemente hacia la construcción de la llamada “economía verde”.

Este tipo de economía se asentaría directamente sobre el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que dispone los valores sobre los cuales se asienta la misma y, expresamente, dice que “que la Unión predicará el desarrollo sostenible del planeta, así como la protección y mejora de la calidad del medio ambiente”.

En este sentido, varios Estados miembros, ya han expresado su conformidad y voluntad de que, una vez superada la pandemia, la estrategia económica a desarrollar por la Unión Europea, dentro del marco de las acciones de la Comisión y el Consejo, debe ir en este sentido, proponiendo, por ejemplo, nuevas inversiones en aquéllos establecimientos industriales que fabriquen productos sostenibles o inversiones masivas para generar empleo y avances en los sectores de las energías renovables y en otras áreas empresariales cuyos objetivos tengan que alinearse con los principios ecológicos del “Pacto Verde Europeo”.

Por otro lado, no podemos olvidar que, en lo que a recursos energéticos se refiere, el sistema europeo actual está en una clara posición de desventaja, pues es un continente energéticamente dependiente. Es por ello, por lo que la creación de empleos y la transformación del modelo energético europeo en línea con el referido “Pacto verde”, podría no sólo ayudar a una reactivación más rápida de la economía tras la actual crisis sanitaria, sino, en última instancia, una proyección efectiva hacia el objetivo de economía sostenible, circular y verde marcada por la Comisión Europea.

En cualquier caso, la transformación del modelo económico está también en manos, evidentemente, de los organismos económicos europeos, por ello, para que este crecimiento sostenible sea posible, tanto el Banco Central Europeo como el Banco Europeo de Inversiones, deberán liderar, promover y favorecer aquéllas inversiones en estructuras y/o industrias que tiendan hacia un desarrollo en esta línea.

En conclusión, la actual crisis sanitaria ofrece a la Unión Europea la gran oportunidad de superarla y avanzar con una respuesta climática comprometida y sólida con el crecimiento sostenible y la protección del medio ambiente, que cada vez cuenta con más adeptos entre los Estados miembros, entre ellos, el estado español.

Esta misma mañana he sido entrevistado en el programa “Capital, la Bolsa y la Vida” de la estación radial Capital Radio, junto con el Secretario General del Círculo de Empresarios, Alfredo Bonet, el periodista financiero, Luis Losada Pescador, así como con Javier Plaza, Catedrático de derecho civil y off counsel de Navas & Cusí, y el abogado Fernando Navas Cusí, para analizar el impacto que está teniendo el estado de alarma en algunos de los sectores más relevantes de nuestra economía y las soluciones jurídicas que ofrece el ordenamiento.

A continuación, comparto algunos de los planteamientos y soluciones a los se ha aludido.

Ante todo, debo señalar que es evidente que la situación en la que nos encontramos es excepcional y que las medidas que el Gobierno va adoptando, a medida que se suceden los acontecimientos, difícilmente pueden dar cobertura a la inmensa casuística que se da en la realidad.

En efecto, sólo hace falta pensar en las particularidades de las distintas empresas que están llevando a cabo ERTE para poder subsistir a esta pandemia o en las singularidades que existen en cada contrato del sector inmobiliario.

La posibilidad de la cláusula rebus sic stantibus

Precisamente por ello, desde Navas & Cusí Abogados siempre hemos intentamos ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales a sus problemas. Como bien ha apuntado el Catedrático de Derecho civil, Javier Plaza, durante la entrevista, Navas & Cusí fue uno de los primeros despachos “en destapar la posibilidad que ofrece la cláusula rebus sic stantibus para adaptar todos los contratos de prestación de servicios a la realidad actual para mantener su vigencia adaptada al momento, o incluso, cuando ya no es posible o no tiene sentido su continuidad, su resolución”.

No puede negarse que las circunstancias han cambiado de forma sustancial y que hemos de volver a buscar el reequilibrio entre las prestaciones de las partes contractuales, adaptándolas a esta nueva e imprevista situación. Para ello, y dentro del nuevo marco legislativo que se va construyendo, es básico que las partes traten de llegar a acuerdos mediante una negociación amistosa –siempre recomendando que sea bajo el asesoramiento y acompañamiento de un despacho de abogados especializado- teniendo siempre en cuenta la protección que ofrece esa cláusula rebus.

Cuando alguna de las partes esté tentada a ejecutar el contrato con las condiciones originarias –imaginemos, por ejemplo, que se requiera a un promotor inmobiliario una indemnización por no haber entregado las obras en plazo- o cuando para una alguna de las partes no sea suficiente la solución decretada –por ejemplo, cuando para una empresa inquilina de un local comercial no es suficiente con la moratoria del pago de la renta-, será sumamente importante la intervención de expertos para poder analizar de forma integral la situación y, en base a esta doctrina de la adaptación contractual, ofrecer la solución óptima.

Para terminar, también se ha tratado de la posibilidad de exigir responsabilidad ante las administraciones por los daños sufridos por el coronavirus. Por el momento, lo que debemos decir es que, dada la complejidad del asunto, ante todo, debe hacerse un análisis integral de cada caso concreto, bajo el prisma de la tan reiterada cláusula rebus, para, así, poder valorar si se ha generado responsabilidad y en qué se concreta la posibilidad de ser indemnizado por los daños sufridos.

A finales del mes de enero pude compartir con vosotros la feliz noticia de terminar el año 2019 liderando el ranking de la prestigiosa revista jurídica digital Law & Trends, ocupando mi firma Navas & Cusí Abogados las primeras posiciones.

El inicio de 2020 vino marcado por el reconocimiento de “mejor abogado 2020” para el área de Derecho de la Unión Europea, por parte del directorio jurídico internacional “Best Lawyers”.

Me satisface enormemente comunicaros que nuestro trabajo y esfuerzo se ha visto premiado, una vez más. A día de hoy, la renombrada revista jurídica Law & Trends posiciona a Navas & Cusí Abogados como primera marca en reputación digital.

Este nuevo reconocimiento lo es al trabajo y esfuerzo del equipo de profesionales que conforman Navas & Cusí Abogados, y que, desde hace más de 35 años, lidero, con la mirada puesta en las novedades legales, doctrinales y jurisprudenciales que se han ido produciendo tanto en nuestro país, como en el marco del Derecho de la Unión Europea. Todo ello, combinado con los tradicionales valores de la profesionalidad y la confidencialidad, ha permitido a Navas & Cusí Abogados ofrecer a sus clientes un servicio integral, multidisciplinar y de calidad, siendo férreo nuestro compromiso de seguir haciéndolo en los tiempos venideros.

Se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el caso de un ciudadano checo que reside, desde hace 52 años, en la actual Eslovaquia, y que, en 1971, ganó diferentes competiciones deportivas de alto rendimiento con la selección de la entonces República Socialista de Checoslovaquia, que solicita una prestación legalmente reconocida a deportistas, y que le es denegada por razón de su nacionalidad: sólo derecho a dicha prestación los ciudadanos eslovacos.

Lo primero que se plantea el TJUE es si esa prestación quedaba incluida en la protección del Reglamento nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. El Tribunal resolvió en sentido negativo por entender que se trata de una prestación enmarcada en el Reglamento nº 492/2011, relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión.

El TJUE considera que esa prestación es una “ventaja social”, es decir, una prestación que, estando vinculada o no a un contrato de trabajo, se reconoce a los trabajadores nacionales, principalmente, por su condición objetiva de trabajadores, o por el mero hecho de tener su residencia habitual en el territorio nacional, y cuya extensión a trabajadores nacionales de otros estados miembros permite facilitar su movilidad en el interior de la Unión.

Ahora bien, en este caso, el deportista de nacionalidad checa no había trasladado su lugar de residencia, sino que lo que ocurrió es que la República Socialista de Checoslovaquia despareció. Entonces, ¿tiene derecho a obtener esa prestación?

El TJUE recuerda que Eslovaquia y República Checa entraron a formar parte de la Unión Europea, el 1 de mayo de 2004, y que, desde entonces, la libre circulación de trabajadores se aplica plenamente, sin discriminación alguna. Así como que la finalidad de la prestación es tanto la de ser una herramienta de integración social de trabajadores migrantes, como la de constituir una garantía económica a través de la cual se recompensa a sus beneficiarios por las hazañas que realizaron en el ámbito deportivo en representación de su país, lo que, no hay duda que hizo este nacional checo.

En definitiva, el TJUE dio la razón al deportista checo disponiendo que no puede supeditarse la concesión de una prestación a determinados deportistas de alto nivel, que han representado a un Estado Miembro (o a sus predecesores legales) en competiciones deportivas internacionales, al hecho de que el solicitante tenga la nacionalidad de dicho Estado miembro, pues de ser así, se estaría vulnerando la libre circulación y la igualdad de trato de los trabajadores, reconocidas en el Derecho comunitario.