Una de las facultades que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye a la Comisión Europea es la de emitir un dictamen motivado frente a aquél Estado miembro que hubiera incumplido una de las obligaciones que le incumben, en virtud de los Tratados.
Y esto es lo que ha hecho la Comisión Europea: ha enviado un dictamen al gobierno español advirtiéndole de que, si en el plazo de dos meses, no cumple con lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, remitirá el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En diciembre de 2016, la Comisión ya había enviado una carta de emplazamiento al Estado español, en que constataba esa infracción, la cual persiste desde que, hace más de dos décadas, entró en vigor la referida Directiva de aguas, cuyo objetivo principal es la protección del medio ambiente.
En concreto, la Directiva regula los tratamientos que los Estados miembros deben implementar sobre las aguas residuales urbanas, respecto de las cuales, primero deberá hacerse una decantación progresiva, eliminando, por un lado, las materias que existen en la superficie del agua y, por otro, las materias sólidas provenientes de sustancias orgánicas.
Pero el principal aspecto que está incumpliendo el Estado español es el llamado tratamiento “terciario”, que tiene como fin proteger los medios acuáticos sensibles. En efecto, en su última evaluación técnica, la Comisión constata que todavía existen 133 aglomeraciones urbanas, que superan los 10.000 habitantes, que vierten sus aguas en zonas sensibles, lo que contraviene lo dispuesto en la Directiva.
Si la Comisión decidiera seguir con el procedimiento de infracción por incumplimiento del Derecho comunitario, por no atenerse, el Estado español, a su dictamen, podría recurrir al TJUE. En ese caso, si el TJUE estimase el incumplimiento, el Estado español estaría obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia y, en caso de persistir en el incumplimiento, podría ser sancionado económicamente; como ya sucedió en 2018, cuando el TJUE condenó a España a pagar cerca de 33 millones de euros, por su incumplimiento respecto de la depuración de aguas de núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes.
En definitiva, lo que viene a poner de relieve este dictamen de la Comisión es la importancia que las instituciones comunitarias están dando al Derecho medioambiental y a la protección de los recursos ambientales; todo ello en el marco de la implementación de la nueva agenda de la Presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, quien, con el Pacto Verde Europeo, da máxima prioridad a todas estas cuestiones y nos lleva a no descartar futuros procedimientos por incumplimiento de los estados miembros de la normativa medioambiental.
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