Ha pasado ya una semana desde que se anunciaba en la CNMV la compra por parte de Banco Santander de la entidad Banco Popular, viéndose reducida esta última, a pólvora. Y junto a ella, los bonistas y accionistas del Banco Popular, cuyos derechos siguen siendo negados debido al orden de prelación en cuanto cobro, de la cantidad “restante” después de descontar del precio de venta (un euro).

Y en una semana, y el patio revuelto, todavía no hemos tenido noticias acerca de que va a pasar con los accionistas, lo que nos permite afirmar y reafirmar que ninguna vía de escape ni solución tiene preparada Banco Santander o las instituciones europeas (MUR) para ellos,  a lo que cabe añadir que solo les queda la opción de reclamar judicialmente si quieren realmente recuperar su inversión.

Como es sabido, en los últimos tiempos, la situación del Banco Popular Español era crítica. No conseguía remontar tras semanas de sucesivas caídas en Bolsa, bajando su valor, cotización, y llevando la entidad a la quiebra. Todo ello propició la noticia recibida el pasado 7 de junio de la adquisición de la entidad bancaria por el Banco Santander por valor de un euro, con el fin de evitar un rescate público cumpliendo con la nueva normativa europea, un nuevo protocolo de intervención de entidades financieras que establece que los primeros en asumir el coste de la intervención sean los accionistas e inversores.

Ante estos acontecimientos, los principales perjudicados han sido los bonistas y accionistas del Popular, pues en orden de prelación para poder recuperar algo de su inversión hace que tienda a cero en estos momentos, sobre todo tras la operación de ejecución y suspensión de la cotización de las acciones por la Comisión Nacional del Mercado de Valores después de la decisión del Banco Central Europeo de declarar inviable la entidad. Esto es, las acciones han sido amortizadas en la operación, pasado a tener el valor de cero.

Y ha sido la misma Comisión Nacional del Mercado de Valores quien ha dado a entender que los accionistas, a día de hoy, pueden dar por perdida toda su inversión: ya sea de antes o durante la famosa ampliación, o después.

Véase aquí otro caso en el que la banca “es rescatada” pero los consumidores, quedan olvidados.

No obstante, existen ya bastantes precedentes jurisprudenciales para poder afirmar, como ya lo publiqué abiertamente el pasado fin de semana en La Vanguardia y en Cinco Días, que esto se trata de un caso Bankia 2.

Banco Santander tendrá que responder por las contingencias que ha adquirido, esto es, el 100% de pasivos y de activos de Banco Popular.

Conociendo el estado y los miles de afectados por acciones del que fue un gran banco, todavía no llego a comprender que no se hayan planteado solucionar amistosamente esta problemática.

Una cosa es que la cotización de las acciones, durante el último mes, haya descendido hasta un 50%. Pero otra cosa muy distinta es que “se anule” el valor de las acciones debido a la reciente compra del Banco Popular por Banco Santander S.A. Ahora los inversores y accionistas del Banco Popular se han quedado sin saber que hacer.

Banco popular pasa a integrarse a Banco Santander, una de las entidades más solventes y más internacionales a nivel de entidades españolas.

Lo que está claro es que los deudores de préstamos hipotecarios seguirán debiendo dinero, pero ahora a otro banco.

¿Y los bonistas, los inversores y accionistas del Banco Popular?

Esta semana, mediante comunicado de Hecho Relevante publicado en la CNMV del pasado 7 de junio de 2017, Banco Santander S.A. anunciaba, entre otro, la amortización íntegra de la totalidad de las acciones de banco Popular en circulación al cierre del día anterior y de las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital regulatorio emitidos por Banco Popular S.A.

Esta transacción ha supuesto pues, que 300.000 accionistas han perdido, a día de hoy, toda su inversión. Y sin que ninguna de las dos entidades (el ya desaparecido Banco Popular y el Banco Santander S.A.) se hayan pronunciado al respecto, todavía.El enfado y descontento de todos los accionistas y bonistas no es para menos.

¿Pueden reclamar los inversores y accionistas del Banco Popular?

La respuesta es sí, pero con matices.

Hay casos muy claros, como son aquellos inversores que acudieron a la ampliación de capital formalizada el pasado año 2016 o aquellos a quien la entidad Banco Popular S.A. les había autorizado encarecidamente un préstamo o crédito con el objetivo o condición de que se adquirieran acciones de la entidad, alegando siempre su buena solvencia y ratio.

En estos casos, la estrategia judicial que se está barajando es solicitar la nulidad de las órdenes de compra de las acciones alegando expresamente ocultación e información falsa emitida por parte de Banco Popular S.A.

Hace apenas unas semanas saltaba la noticia de que Banco Popular necesitaba “ajustar” sus cuentas dado el agujero encontrado en sus balances. Así, el pasado abril se introdujeron más de 600 millones de euros en las cuentas de 2015 como consecuencia de la revisión de la cartera de créditos y de la operativa ligada a la ampliación de capital del año anterior y que estaba supeditado a una auditoria externa.

Así, todos los afectados por las acciones e inversiones del Banco Popular S.A. deben conocer sus derechos en cuanto a las acciones pertinentes que pueden ejercer frente a la entidad financiera, por tal de recuperar su dinero.

A las empresas de servicio de inversión especializadas en CFD’s (contrato por diferencias, del inglés) de la Unión Europea le está pasando factura la comercialización de este tipo de productos entre los perfiles minoristas, y es que las firmas especializadas en CFD’s se han desplomado en la Bolsa de Londres, según las últimas comunicaciones presentadas por los medios, tras conocerse que el regulador británico pretende endurecer la regulación relativa a este tipo de productos complejos y de tanto riesgo.

Y es que estamos hablando, como me he reafirmado en varias ocasiones, de productos financieros que contienen un muy alto nivel de apalancamiento; o lo que es lo mismo y más entendedor por los usuarios: el nivel de pérdida de capital y descapitalización del inversor o usuario  puede ser muy elevado. El inversor debe solamente depositar, normalmente, un 10 o 15% de las cantidades que desee invertir, lo que supone que si pierde no solamente va a perder el 10 o 15% sino también el resto (o más) sobre el que ha invertido.

Medidas contra los CFD’s en la Unión Europea

Según el FCA, el regulador británico, más del 80% de los inversores que operan con CFD’s no conocen realmente las características y verdadera naturaleza e implicaciones que tiene realizar la inversión. Por ello, no me resulta raro (pero sí tardío a mi parecer) que se tomen medidas restrictivas con el objetivo de endurecer la comercialización o el acceso de los consumidores minoristas a los CFD’s.

Algunas de estas medidas ya han sido aplicadas por parte de otros países vecinos. Por ejemplo, nuestro vecino inmediato, Francia, ha decidido prohibir la publicidad de este tipo de productos entre los consumidores minoristas. Y más restrictivo todavía, en Bélgica se ha directamente prohibido su suscripción con usuarios minoristas al considerar que tienen un perfil no adecuado.

Por su parte, el regulador inglés tiene en mente introducir advertencias de riesgo estandarizadas y hacer obligatoria la divulgación de los ratios de pérdidas de ganancias en las cuentas de los clientes; establecer límites de apalancamiento más bajos para clientes minoristas o directamente impedir que los proveedores usen cualquier forma de bonos o beneficios de negociación o apertura de cuentas para promover los ya conocidos CFD’s. Estas medidas nos afectarán ya que algunas de las empresas proveedoras de CFD’s operan desde UK en España.

En España se esperan nuevas medidas para los contratos por diferencias

En España tendremos que esperar todavía a ver cómo reaccionan nuestras instituciones, pues parece ser que los CFD’s o contratos por diferencias estuvieron restringidos y prohibida su comercialización hasta el año 2008, cuando se permitió al acceso a todo tipo de inversor.

Siempre ha sido tradición por parte del empresariado español buscar un crecimiento de la entidad a través de vías de financiación bancaria. Con motivo de las restricciones de crédito como consecuencia no únicamente de la crisis, sino también por las restricciones de capital de las propias entidades crediticias, ha sido necesario que se deba de acudir a otras vías de financiación alternativa y/o complementaria.

A pesar de que la crisis financiera del 2008 ya queda lejos, ha sido en el pasado año 2015 – concretamente en el mes de diciembre- cuando la bolsa sorprendía, ante las expectativas y reunión de la Reserva Federal de EEUU, con una caída del 10% en menos de medio mes a causa del ralentización de la economía asiática (mercado que sufre una gran volatilidad desde última semana de agosto).

La mayor sorpresa vino dado en el mercado de los bonos high yield pues la emisión de dichos bonos la conforman empresas que sufrieron en primera persona el desplome del precio del petróleo y de las materias primas. La crisis en los valores de las materias primas es consecuencia directa de la evolución del mercado chino, pues es éste el mayor demandante de materias primas, y la realidad demuestra que hechos como la actual guerra entre Irán y Arabia Saudí puede afectar sin ninguna duda a los mercados de materias primas.

Con todo ello, opino que dicha situación puede derivarse en otra crisis financiera en la que está en juego  más de 150.000 millones de euros invertidos a escala global, y ello derivado principalmente del alto riesgo de impago de muchas compañías- algunas de las cuales ya han entrado en bancarrota-.

Por ejemplo, uno de los mayores fondos cotizados de high yield, el SPDR Barclays High Yield Bond, ha sufrido un declive en más de 1.000 millones de dólares en el último mes según informaciones de la entidad Bloomberg. Otro dato ilógico, comparado con lo anterior, son las exigencias de rentabilidad que exigen los inversores, siendo que la rentabilidad media de los bonos basura en renta fija cerró en 2015 con casi un 16%, un máximo histórico.

¿Qué son los bonos high yield?

Los bonos “high yield”, son activos de renta fija que ofrecen una alta rentabilidad a sus inversores, cuya característica propia reside en que son emitidos por empresas o Estados con una baja calificación crediticia. Por este motivo, estos emisores compensan a los inversores su elevado riesgo de insolvencia con una elevada rentabilidad, siendo, en consecuencia, apropiados para inversores más con un perfil arriesgado.

Existen varios factores que determinan los mayores o menores riesgos de este tipo de emisiones, entre los que influye el nivel de endeudamiento de la entidad emisora, las necesidades adicionales de financiación por la expansión o adquisición de la emisora, el propio sector de actividad al que se dedique o el desconocimiento de la entidad emisora en los mercados.

El perfil de inversor de este tipo de producto es habitualmente muy profesional, como pueden ser fondos de inversión, gestores patrimoniales o fondos de gestión alternativa. Una de las principales características de este tipo de emisiones consiste en una financiación “bullet”, es decir, a vencimiento de 5, 7 o hasta 10 años.

A raíz de la modificación de la Ley del Mercado de Valores, España ha suprimido el límite de emisión de las obligaciones para entidades no cotizadas en bolsa a las colocaciones de obligaciones que se dirijan, en este caso emisiones high yield a inversores altamente cualificados, inversores que suscriban un mínimo de 100.000 € o si el valor nominal unitario de todos los valores es de, como mínimo, 100.000 €, lo que permite estructurar este tipo de emisiones sin la necesidad de constituir por la sociedad una filial en otra jurisdicción europea, con lo que supone un abaratamiento de los costes de emisión.

¿Dónde reside, pues, la dificultad de estas emisiones High Yield?

Es imposible para una economía mantenerse y crecer en el nivel de dos dígitos cada año como lo ha venido haciendo China en los últimos tiempos, por lo que no sorprende que haya caído al 7% de crecimiento actual. Es de mera lógica suponer que dicho vaivén puede influir en la economía global, y si finalmente se confirma la expectativa del retroceso de la económica china hasta un 5%, la demanda de materias primas puede disminuir drásticamente, provocando impagos y retirada de los fondos por sus inversores.

E ahí la cuestión: Si el inversor desea vender, debe encontrar comprador. La profundidad del mercado ha disminuido, puesto que los cambios legislativos y exigencias del Mercado de Valores han hecho a los tres compradores natos (las entidades de crédito, fondos de pensiones y hedge funds) limitar sus actividades.

Ello significa que podemos estar ante una nueva crisis, similar a la de 2007, con la diferencia de que los activos en cartera cedidos o vendidos cuando aparecieron los problemas de liquidez derivados principalmente de las famosas hipotecas subprime, constaban con la calificación del AAA a pesar de su baja calidad.

Es decir, inversores que creyeron en su momento adquirir productos muy líquidos como son los bonos High Yield pueden encontrarse ahora que deben afrontar problemas serios de liquidez.

Ya lo precedía el economista John Landon- Lane, quien sostuvo que la prima que se le exige a los bonos basura frente a la deuda gubernamental sirve para predecir la económica real: Cuando esa prima ha subido con fuerza durante años, ha valido para adelantar que el ciclo económico había tocado techo y se avecinaba una tormenta financiera. Y así sucedió con la crisis del 29  -la Gran Depresión-, que curiosamente se dio tras una subida de tipos de la Fed, algo que se ha vuelto a repetir hará escasamente ahora un mes.

Los emisores de los referidos bonos High Yield deben observar y atender a los requisitos de transparencia e información exigidos en la Ley de Mercado de Valores y en el Derecho de la Unión Europea (normativa MIFID) en relación a la comercialización de este producto, considerado de alto riesgo y complejo por su naturaleza. En caso contrario, los bonistas pueden reclamar ante las instituciones pertinentes y ante los tribunales españoles la inversión inicial realizada en los bonos high yield, lo que conllevaría la nulidad del contrato con todas las consecuencias jurídicas derivadas.