El próximo día 1 de julio será aplicable el Reglamento de ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas.

Esta nueva legislación europea en materia de vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como “drones”, unificará la regulación de los Estados miembros en esta materia y supone, sin ninguna duda, un paso más hacia la creación del llamado Mercado Digital Único Europeo, el cual avanza a pasos agigantados gracias a las implementaciones tecnológicas y a las adaptaciones normativas que han ido acompañando a este proceso tecnológico.

Este Reglamento regula no sólo la utilización de aeronaves no tripuladas y el equipo para controlarla de forma remota –lo que se conoce como el sistema de aeronave no tripulada (UAS)– sino, también, las distintas categorías de las operaciones de UAS–distinguiéndose entre categorías abiertas, específicas o certificas- los requisitos de competencia que deben reunir los pilotos a distancia, la edad mínima de estos pilotos, el registro de los operadores de UASen el lugar de residencia o trabajo del piloto, las operaciones transfronterizas o fuera del Estado miembro de registro, las operaciones de que puedan realizarse a petición de clubes o asociaciones de aeromodelismo, o las autoridades competentes responsables en la materia, que deberá designar cada Estado miembro.

Al margen de todas estas disposiciones técnicas, esta nueva norma reglamentaria europea no obvia la importancia de las normas de seguridad y protección tanto para con otros ciudadanos como para con el medio ambiente. En este sentido, impone a los operadores y a los pilotos de estas aeronaves estar informados del Derecho de la Unión Europea y nacional en relación a “la seguridad, la protección, la privacidad, la protección de datos, la responsabilidad, los seguros y la protección del medio ambiente”.

A la vista de todo lo anterior, sólo queda concluir resaltando que las instituciones europeas en todas sus actuaciones –incluso al regular temas tan actuales y novedosos como el relativo a los “drones”- sigue siendo fieles a los principios que, desde hace ya un tiempo configuran el eje transversal sobre el que gira todo el Derecho de la Unión europea. Y uno de estos principios es, dentro del marco de la protección de los derechos de sus ciudadanos, el de la protección del medio ambiente y los recursos naturales, lo que constituye el núcleo de las políticas europeas del “Plan de economía verde” y de la tendencia hacia un desarrollo económico y social basado en la Economía circular.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado, recientemente, en contra de la compañía aérea Ryanair, recordando que todos los gastos del proceso de contratación de un vuelo que sean inevitables y previsibles, deben ser indicados en la oferta inicial del vuelo.

El caso que ahora analiza el Tribunal europeo se remonta a 2011, cuando la Autoridad de la competencia italiana consideró que la referida compañía aérea estaba incurriendo en una práctica comercial desleal y engañosa, infringiendo, lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Código de Consumo.

Para esta Autoridad italiana, el incumplimiento de Ryanair se debía a que en su oferta de servicios, a través de internet, no especificaba el IVA aplicable a las tarifas de sus vuelos domésticos por determinados suplementos opcionales, ni los gastos adicionales por realizar el check-in en línea o los relativos a la gestión de la compra cuando esta se hacía a través de tarjetas de créditos distintas de las aprobadas por la propia aerolínea.

Reglamento sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos

La cuestión que, finalmente, tiene que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es si, en virtud del Reglamento (CE) Nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, esos precios deben ser incluidos en la oferta inicial del precio publicada.

Cabe recordar que el artículo 23.1 de este Reglamento dispone que;

“Las tarifas y fletes aéreos ofrecidos o publicados bajo cualquier forma, incluso en Internet, para servicios aéreos con origen en un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro al que se aplique el Tratado disponibles para el público en general incluirán las condiciones aplicables. Se indicará en todo momento el precio final que deba pagarse, que incluirá la tarifa o flete aplicable así como todos los impuestos aplicables y los cánones, recargos y derechos que sean obligatorios y previsibles en el momento de su publicación. (…)”

La resolución del TJUE

El Alto Tribunal europeo, basando su resolución en la argumentación aducida en otros asuntos similares, como los de Vueling Airlines (C-487/12), Air Berlin (C-290/16), ebokkers.com Deutschland (Asunto C-112/11) y Vueling Airlines (Asunto C-487/12), sostiene que, en sus ofertas en línea, las compañías aéreas deben indicar, desde un primer momento, el precio del billete, la tarifa aérea y, separadamente, los impuestos, los cánones y los recargos, que sean obligatorios y previsibles en el momento de publicar la oferta.

Y, en concreto, en relación a los conceptos a los que se refirió la Autoridad de la competencia italiana dispone lo siguiente:

• En primer lugar, que el IVA aplicado sobre suplementos opcionales relacionados con los vuelos domésticos debe estar indicado en la oferta inicial, en tanto que constituye un elemento obligatorio del precio. Tal y como destaca la Comisión es sus observaciones escritas, es un elemento inevitable debido a ese carácter obligatorio.

• En cuanto a los gastos por realizar el check-in en línea, si el usuario tiene la posibilidad de hacer el check-in en el aeropuerto, de forma gratuita, esos gastos se considerarán un suplemento y, por tanto, no tendrán por qué estar señalados en la oferta inicial; pero, si la compañía ofrece distintos métodos de facturación, sin que exista una opción gratuita, en tal caso, sí deberán ser indicados en la oferta inicial, pues son elementos del precio que no se podrán evitar y que son previsibles.

• Y, por último, también impone la obligación de que sea indicados en el precio inicial aquéllos recargos aplicables por efectuar la contratación del billete a través de tarjetas de crédito distintas de las indicadas por la compañía aérea, pues también los considera gastos los cuales el consumidor no tendrá más opción que asumir y previsibles, en tanto que impuestos por la propia compañía.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha suspendido de forma cautelar, y por segunda vez, en menos de año y medio, la actuación ejecutiva del gobierno de Polonia respecto de una nueva legislación que permitía aplicar un nuevo régimen disciplinario a sus jueces.

Esta nueva normativa fue adoptada por el estado polaco en 2017 y suponía, entre otras medidas, la formación, en el seno de su Tribunal Supremo, de una Sala Disciplinaria,cuyos quince miembros iban a ser escogidos, directamente, por los órganos ejecutivos y legislativos– a la que se asignaba la función de revisar y decidir sobre las cuestiones disciplinarias internas de los jueces polacos, así como la atribución, al Presidente de esa Sala, de la facultad discrecional de designar al órgano jurisdiccional que deba conocer de los asuntos disciplinarios.

Dicho esto, hemos de recordar que el Tratado de la Unión Europea prevé que “Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión” (artículo 19.1, párrafo segundo).

La imparcialidad y la independencia

Y fue por ello, por lo que, en el año 2019, la Comisión Europea advirtió que este nuevo régimen que el gobierno polaco preveía aplicar a sus magistrados era contrario al Derecho de la Unión Europea, en tanto que no hacía sino reducir y coartar la imparcialidad y la independencia de esa Sala Disciplinaria, y planteó una demanda, contra la República de Polonia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ya en ese momento, la decisión del Alto Tribunal Europeo, respecto a un caso concreto, fue la de declarar que ese régimen incumplía con la exigencia de independencia e imparcialidad judicial y que esa Sala Disciplinaria no podía ser considerada como tribunal.

A pesar de ello, esta Sala continuó desempañando sus funciones, por lo que, a principios de este año 2020, la Comisión instó ante el Tribunal de Justicia europeo un procedimiento de medidas cautelares por el que solicitaba, en términos generales, que, mientras no hubiera un decisión final del Tribunal respecto del incumplimiento, se suspendieran las funciones de la referida Sala Disciplinaria.

Una vez más, la decisión del auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido favorable a la postura de la Comisión Europea y, recordando al estado polaco que, si bien la organización del sistema judicial nacional es competencia de cada Estado miembro, éstos deben cumplir con el Derecho de la Unión Europea que prevé, en concreto, el principio de independencia judicial, ha suspendido los poderes de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco.

Cada día a las ocho se les reconoce en todo el país. Son los verdaderos héroes. Los que salvan nuestras vidas sin dudar en exponer la suya propia. O dándola como ya ha sucedido. Dándola… a cambio de nada. Sólo por amor a su vocación. En su ADN escogieron vivir por y para los demás.

Son los batas blancas y también nuestros uniformados que nos protegen. ¡Cuánto hemos aprendido de ellos! Que jamás olvidemos su impagable testimonio de entrega, servicio. A ellos no les importa la política. Sólo les importa salvar vidas aún a costa de la propia. ¡Menuda lección para esta sociedad que sólo creía en otros valores efímeros!

Que gracias a ellos cambiemos para siempre, que cada paso que demos al aire libre en el futuro sea un acto de felicidad, y que su ejemplo de unión para salvar vidas, sirva para que todos estemos unidos para siempre, sin diferencias, sin rencores de ningún tipo. ¡Nunca jamás!

Si no aprendemos la lección no habrá servido de nada el injusto tributo que han pagado nuestros mayores. Tras una vida de esfuerzo y sacrificio que nos han regalado. Todo a cambio de nada para hacer de este país lo que es hoy. Lo que somos nosotros hoy. ¿Acaso se merecían ellos y sus familiares este estremecedor y cruel destino?

Los aplausos no bastan, hay que fijar una fecha, un aniversario. Para que siempre, año tras año, rindamos nuestro más emocionado tributo y recuerdo a esos héroes anónimos de bata blanca y de uniforme. Y también a nuestros mayores a los que debemos todo y que hicieron de este mundo un mundo mejor. En algo tenemos que haber fallado cuando no los hemos sabido cuidar ni a ellos ni a sus familias. Pesará sobre nuestras conciencias de por vida.

Y como en todas las guerras, porque esta lo es, que se les resarza como es debido y con todas las consecuencias que les ha acarreado su absoluta entrega y que se les premie como es debido. Los aplausos son un emocionado tributo, pero no son suficientes para agradecer su estrega absoluta. Los héroes de un país son el bien más preciado. Los caídos, nuestra razón para devolverles lo que no les supimos o no les pudimos dar.

¿Acaso no se reconocen así a los héroes de las guerras, cuando estas acaban? Estarán en memoria, en nuestro corazón y en nuestra alma de por vida. Por este maldito virus lo dieron todo por nosotros. Incluso sus vidas.

Estos días estamos asistiendo a un verdadero déjà vu. La crisis provocada por la pandemia del COVID 19 recuerda a la situación vivida entre los Estados miembros durante la crisis de 2008, que duró casi una década y que dejó entrever la dificultad del “proyecto europeo” en responder a aquella fractura económica y social. Parece que la Unión Europea sigue adoleciendo de las mismas carencias y vuelve a cuestionar si la respuesta de los Estados miembros es la de una verdadera “unión europea”.

Estado actual partiendo hacia el futuro

En este sentido, la magnitud de la actual crisis está sacudiendo los más fundamentales principios de Derecho europeo. Entre ellos, el contenido en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que prevé que “La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros”. A pesar de ello, estos días estamos comprobando que es difícil hablar de cohesión y solidaridad, pues las posturas de los Estados se encuentran más polarizadas y fragmentadas que nunca y vuelve a aflorar aquella sensación de que existe una Unión con dos velocidades distintas y con bloques muy diferenciados de intereses económicos y políticos.

Es cierto que el propio ordenamiento europeo también prevé mecanismos para lograr esa solidaridad –sólo hace falta pensar en la, precisamente, cláusula de solidaridad que contiene el artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-, sin embargo, estos mecanismos carecen de traducción práctica si las instituciones europeas no pueden accionarlos por no contar con la unanimidad requerida para su aplicación.

Y todo ello, no hace más que resaltar uno de los puntos débiles de la Unión Europea: la falta de integración de políticas fiscales y monetarias. Esta no integración, que ya supuso un verdadero problema durante la recesión económica anterior y sigue haciendo mella entre los Estados miembros, poniendo de relieve las diferencias entre los del “norte” y los del “sur”, haciendo peligrar el proyecto europeo.

Concluyo este artículo apelando a la importancia de actuar bajo los principios de cohesión y solidaridad para enfrentarse a una crisis como la que estamos atravesando, así como a la necesidad de que la Unión Europea actúe como un frente unido -en coherencia con los valores que la formaron- para poder superar, cuanto antes, las dificultades en las que todos sus Estados miembros están inmersos y con el objetivo de que las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos puedan encarar el futuro con más fuerza y en las mejores condiciones posibles.

El pasado 19 de marzo conocíamos la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las “relaciones laborales de duración determinada sucesivas”.

El Juzgado de lo Contencioso de Madrid planteó al TJUE una cuestión prejudicial que giraba en torno a la solicitud de varios empleados públicos del sistema sanitario madrileño, que tenían una relación laboral de duración determinada, a la Administración, para que les reconociera la condición de personal fijo.

Los empleados fundan su solicitud en que están ocupando de modo permanente un puesto de interinos, por irse sucediente sus nombramientos, implícitamente, de año en año (sin proceso selectivo alguno).

Estas solicitudes son rechazadas y, ya en el ámbito contencioso, el Tribunal español plantea al TJUE la conformidad de estas situaciones laborales sucesivas con el Acuerdo marco sobre el trabajo con contrato de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES) y la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que precisamente tiene por objeto la aplicación del referido Acuerdo marco.

El TJUE resuelve la cuestión señalando que uno de los objetivos esenciales del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada es, precisamente, limitar la utilización sucesiva de contratos de duración determinada.

Señala el Alto Tribunal que con esta limitación se pretende evitar que, en el caso de que existiera una situación laboral abusiva o precaria en detrimento de los trabajadores, éstas pudieran sucederse durante años, prolongándose los perjuicios sufridos por dichos trabajadores.

Así, el Tribunal europeo, concluye que la situación nacional enjuiciada es contraria a la Cláusula 5 del Acuerdo Marco, que prevé ciertas medidas que los Estados miembros deben introducir, a efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada (como señalar las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales; fijar la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada o el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales), así como la obligación de los Estados miembros, cuando resulte sea necesario, de determinar en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada se considerarán sucesivos o celebrados por tiempo indefinido.

En definitiva, el TJUE considera que se ha producido una contravención del Derecho de la Unión Europea por no responder la situación en que se encuentran los trabajadores a una necesidad o de urgencia, sino, verdaderamente, a una necesidad permanente y estable.