El llamado “espacio Schengen” está formado, en la actualidad, por veintidós países de la Unión europea y cuatro del Espacio económico europeo, conformando un área en la que se suprimen los controles fronterizos y en la que reina la libre circulación de todas aquellas personas que transiten en ella.

Dicho esto, debe recordarse que el control de las fronteras sigue siendo competencia exclusiva de los Estados, por lo que, a la luz de determinados acontecimientos –pensemos, por ejemplo, en la actual alerta global generada por el coronavirus- no sería de extrañar que alguno de los países que conforman Schengen, si así lo considerara y justificara, pudiera restringir la libre circulación de personas.

Si echamos la vista atrás, vemos que no sería la primera vez que algún Estado del espacio Schenger decide restringir la libertad de circulación. Piénsese, por ejemplo, en los controles y restricciones que pueden tener lugar por razón de celebraciones de cumbres internacionales que alberguen a Jefes de Estado, o a los impuestos en el paso fronterizo español por motivo del enlace matrimonial de los actuales monarcas o al Estado de emergencia en que estuvo inmerso el Estado francés y los controles fronterizos restrictivos que implantó a raíz de los atentados terroristas contra el semanario Charlie Hebdo.

Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué causas justifican la restricción de la libre circulación? ¿Y cuál es su fundamento legal? Pues bien, el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habla de “limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública”. Estas razones deberán comunicarse, debidamente, a la Comisión Europea y a los otros Estados parte del espacio Schengen, aunque puede suceder -como ha ocurrido en el pasado- que el Estado tome esa decisión con carácter urgente y, posteriormente, la comunique.

De entre las principales justificaciones, pueden destacarse las siguientes:

• Como principales razones de orden público que comporten limitaciones fronterizas, aquéllas adoptadas ante la convocatoria de manifestaciones por parte de grupos radicales o de protestas masivas.
• Las razones de seguridad englobarían, principalmente, aquéllas relacionadas con la prevención de actos de terrorismo, migraciones masivas o acontecimientos deportivos que prevean una importante entrada de personas en un Estado.
• Y, finalmente, razones de salud pública, relacionadas, principalmente, a prevenir o evitar el contagio de enfermedades graves, infecciosas y de rápida expansión, que puedan suponer una amenaza real y efectiva para la población, como podría haber sucedido con el ébola, si este se hubiera expandido por Europa.

Por tanto, la libertad de circulación que garantiza el espacio Schengen no impide que los Estados europeos decidan, con carácter excepcional, restablecer los controles en todas sus fronteras, lo que no debe ser motivo de alarma sino, más bien, ser visto como una intención del Estado en proyectar un espacio de seguridad ante sus nacionales.

La devastadora noticia que conocíamos hace unos días sobre el desprendimiento del vertedero de Zaldibar (Vizcaya) nos alerta, una vez más, de la crisis climática en la que estamos inmersos, y, en concreto, dentro del ámbito jurídico, nos recuerda la relevancia del Derecho medioambiental.

La normativa medioambiental

Desde hace un tiempo, cualquier referencia que se haga al Derecho medioambiental –tanto a nivel local y nacional, como de normativa medioambiental de la Unión Europea e internacional- está ligada al concepto transversal de “Economía circular”.

La Economía circular pretende superar el tradicional modelo lineal y apostar por un modelo de producción y consumo que permita una reducción de los residuos, a través de la reutilización y el reciclaje de los productos, incidiendo tanto en el medio ambiente, como en la perspectiva económica y social.

Siendo que ya en 2015 Naciones Unidas y, en la misma línea, la Comisión Europea habían definido unos objetivos de desarrollo sostenibles, lo ocurrido en el País Vasco pone en jaque, como mínimo, las medidas que las instituciones españolas han ido adoptando para dar cumplimiento de la normativa que desde la Unión Europea se ha venido dictando, sobre todo, en materia de gestión de residuos, y abre la puerta a la reclamación de posibles responsabilidades, tanto de los organismos públicos competentes, como de las empresas privadas implicadas.

En todo caso, es innegable que el incumplimiento de las políticas medioambientales puede provocar –a corto, medio y largo plazo- graves daños y perjuicios que no sólo acarrearán consecuencias en el ámbito de la salud y seguridad públicas y de los recursos naturales, sino que también afectarán al crecimiento económico nacional y conjunto y a las condiciones de vida y desarrollo de las personas.

En definitiva, una vez más, la realidad nos demuestra la importancia de que todos los ciudadanos estemos informados de nuestros derechos, en concreto, en este caso, en materia medioambiental, así como lo imprescindible que es contar con asesoramiento experto para conocer las posibilidades de emprender acciones frente a las entidades públicas y/o privadas infractoras, en aras a que nuestros derechos sean restaurados, compensados y respetados.

Paso muy desapercibido, pero el pasado 18 de diciembre el Diario Oficial de la UE publicó la directiva 2019/2161 que refuerza los derechos de los consumidores en toda la UE. Los estados miembro tendrán hasta el 28 de noviembre de 2021 para informar a la Comisión de las medidas adoptadas para cumplir con lo dispuesto en la nueva norma europea.

Características de la Directiva 2019/2161

Quizás lo más llamativo es la muerte del fax como canal de comunicación entre una empresa y sus clientes y viceversa. La exposición de motivos argumenta que “rara vez se utiliza en la actualidad y resulta obsoleto”. En realidad, el ‘entierro del fax’ no es sino una anécdota que apunta a la realidad de la nueva directiva: actualizar los derechos de los consumidores en un entorno donde el comercio electrónico crece a ritmo de vértigo.

En este sentido resulta muy interesante que la nueva directiva equipare la entrega de datos personales a una venta electrónica de un servicio. Porque en realidad, cuando un servicio es aparentemente gratuíto, el precio eres tu mismo… Por eso el consumidor tendrá los mismos derechos de desestimiento e incluso, en su caso, indemnización por daños, en los casos de venta de servicios online y de entrega de datos personales.

Además, establece las sanciones en caso de cláusulas abusivas. Las sanciones deben de ser “efectivas, proporcionadas y disuasorias” y las cifras en “al menos” el 4% de la facturación anual. Además, esta sanción es compatible con multas diarias hasta la retirada de la abusividad para incentivar el pronto cumplimiento de la sanción. Se trata en el fondo de buscar la efectividad real de la protección del consumidor frente a la abusividad.

Otro detalle de la nueva directiva es que se prohíben las reparaciones o la sustitución. Si el producto o servicio es incorrecto no basta con sustituirlo por el correcto sino que hay que indemnizar por daños y perjuicios. La razón es que si el abuso es subsanable, no es disuasorio. Por lo tanto, no sólo se debe de reparar el abuso, sino que se debe de pagar el abuso. Y de nuevo, nos parece un método muy adecuado para buscar la eficaz protección de los derechos del consumidor.

También nos parece muy interesante la obligación de los motores de búsqueda, comparadores o mercados en línea que informen si la clasificación de las ofertas obedece a un patrocinio, ya sea directo o indirecto. Y además, que la información sobre dichos criterios de clasificación sean proporcionados de manera “sucinta y proporcionada”.

También nos parece muy buena medida porque en demasiadas ocasiones se ofrecen rankings y búsquedas de servicios sin informar si el criterio para mostrar las ofertas es un criterio meramente técnico o el buscador, comparador o tienda tienen algún tipo de interés. El interés el legítimo, pero deben de informar de ello para que el consumidor sepa a qué atenerse.

Además, los mercados en línea no estarán obligados a comprobar la situación jurídica de sus proveedores -lo que representaría una carga excesiva o imposible- pero si deberán de preguntar si son comerciantes o no para trasladar esa información al cliente final. La información es relevante porque si el proveedor no es un comerciante sino un particular, el cliente no tendrá derecho a desestimiento en los 14 días posteriores a la compra como si lo tendría si el proveedor fuera un comerciante. Además, la posibilidad o no de dicho desestimiento debe de ser advertida de manera clara antes de efectuarse la compra.

Otra de las novedades es que el comerciante tiene derecho a personalizar la oferta en función del perfil del consumidor. Es decir, tiene derecho a cobrar más a las personas de mayor renta o que en sus análisis están más interesados en su producto o servicio. También se permiten los precios dinámicos o fijados en tiempo real en función de la oferta y la demanda del momento. Es decir, se ‘bendice’ el uso del ‘big data’ con un solo requisito: que se informe de ello y de cuáles son los criterios utilizados. La solución nos parece razonable porque no se puede poner puertas al campo, pero siempre informando con transparencia al consumidor.

En cuanto a las reseñas o comentarios de los mismos consumidores, se prohíbe su manipulación. Si hay algún criterio de publicación de dichas reseñas, debe informarse del mismo. La Comisión Europea es muy consciente de la fuerte capacidad prescriptora que tienen los mismos consumidores, pero -de nuevo- exige transparencia.

Por último, se prohíbe la reventa de entradas en eventos deportivos o artísticos adquiridas mediante ‘bots’. Un consumidor puede revender su entrada si finalmente decide no asistir, pero no se puede hacer de la reventa un negocio en sí mismo, lo cual también es muy razonable.

Finalmente la Comisión justifica esta directiva en las dificultades encontradas en los procesos de armonización. Recuerda que esta regulación es un mínimo que los estados pueden reforzar y cuyas directrices deben de empezar a aplicar. Nos parece un esfuerzo encomiable para actualizar de manera razonable los derechos del consumidor en un entorno de sofisticación del tráfico comercial. La clave como siempre es que la operación sea transparente. Incluso de acceso universal, adaptada a las personas con discapacidad. Porque la transparencia conlleva justicia y eficiencia, que es lo que todos deseamos.

¿Pueden los padres avalar con su piso la hipoteca de sus hijos? La respuesta es afirmativa, pero con un matiz: una cosa es que puedan y otra que sea obligatorio. Muchos bancos han utilizado esta figura para reforzar sus garantías. No sólo exigen la garantía real del bien hipotecado sino que exigen como condición ‘sine qua non’ avalar con el patrimonio inmobiliario de los padres.

Se trata de una suerte de ‘chantaje emocional’: si quieres que tu hijo tenga una hipoteca debes de avalarle. Incluso el abuso bancario a veces va más allá redactando la cláusula de manera que el avalista renuncia a sus derechos de excusión y orden. Esto es: renuncia a su derecho de que en caso de impago el banco se dirija primero contra el deudor y en caso de fracasar se dirija entonces contra el avalista.

Es decir, el ‘doble salto mortal’ consiste en convertir al avalista en deudor solidario, lo que en muchas ocasiones -además- se realiza sin la debida transparencia. Los padres que tratan de echar una mano a sus hijos se encuentran de repente que son deudores solidarios sin saberlo.

Hay un tercer elemento que también resulta relevante. En la práctica totalidad de los casos de aval familiar se hace de manera gratuita, lo que resulta absolutamente irracional. ¿Alguien asume un riesgo sin resarcirse por ello? Lo hace, obviamente, porque es exigencia obligatoria del banco, porque es la única manera de que su hijo obtenga la financiación que necesita para obtener el préstamo para su vivienda.

Este abuso bancario ya está recibiendo reproches judiciales en toda España. En primer lugar porque exigir un aval no remunerado es abusivo y contrario a la directiva 93/13 de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas como ya ha señalado el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo.

En segundo lugar, porque en muchos casos no se supera el test de transparencia. Muchos padres se encuentran siendo deudores solidarios sin que nadie les haya informado de su verdadera condición. Aparentemente son avalistas. Pero por la redacción de la cláusula de aval, renuncian a sus derechos como avalistas convirtiéndose ‘de facto’ en deudores al mismo nivel que sus hijos.

La cascada de resoluciones judiciales en favor del cliente están impulsando nuevas reclamaciones. Para el banco siempre es mejor reforzar sus garantías: minimiza el riesgo de mora y maximiza su calidad crediticia. Pero no es racional. La actividad bancaria es una actividad de riesgo donde el valor añadido ¡del banco no es la gestión administrativa sino el cálculo actuarial, es decir, la gestión del riesgo. Pretender una actividad bancaria sin riesgo es una utopía.

Así que debe de calcular si el cliente es merecedor de crédito o si el complemento de la garantía hipotecaria es suficiente. En caso contrario, debe denegar el crédito. O en su caso hipotecar el patrimonio de los padres directamente. Porque en el fondo, el aval de los padres es eso, máxime cuando se obliga a renunciar a sus derechos como avalistas. ¿Verdad que así planteado muchos padres darían un paso atrás?

En todos esos casos, el aval sería nulo por falta de transparencia. Porque lo presentan como aval, pero en realidad se trata de hipotecar el propio patrimonio. Y es al banco a quien corresponde la función de informar con transparencia. Por eso la avalancha de resoluciones judiciales favorables al consumidor.

Muchos padres angustiados pueden ver satisfechas sus legítimas demandas y salvar su patrimonio de una cláusula abusiva y colocada -en muchos casos- sin la debida transparencia. Afortunadamente, las malas prácticas bancarias siempre reciben su correspondiente reproche judicial.