La devastadora noticia que conocíamos hace unos días sobre el desprendimiento del vertedero de Zaldibar (Vizcaya) nos alerta, una vez más, de la crisis climática en la que estamos inmersos, y, en concreto, dentro del ámbito jurídico, nos recuerda la relevancia del Derecho medioambiental.
La normativa medioambiental
Desde hace un tiempo, cualquier referencia que se haga al Derecho medioambiental –tanto a nivel local y nacional, como de normativa medioambiental de la Unión Europea e internacional- está ligada al concepto transversal de “Economía circular”.
La Economía circular pretende superar el tradicional modelo lineal y apostar por un modelo de producción y consumo que permita una reducción de los residuos, a través de la reutilización y el reciclaje de los productos, incidiendo tanto en el medio ambiente, como en la perspectiva económica y social.
Siendo que ya en 2015 Naciones Unidas y, en la misma línea, la Comisión Europea habían definido unos objetivos de desarrollo sostenibles, lo ocurrido en el País Vasco pone en jaque, como mínimo, las medidas que las instituciones españolas han ido adoptando para dar cumplimiento de la normativa que desde la Unión Europea se ha venido dictando, sobre todo, en materia de gestión de residuos, y abre la puerta a la reclamación de posibles responsabilidades, tanto de los organismos públicos competentes, como de las empresas privadas implicadas.
En todo caso, es innegable que el incumplimiento de las políticas medioambientales puede provocar –a corto, medio y largo plazo- graves daños y perjuicios que no sólo acarrearán consecuencias en el ámbito de la salud y seguridad públicas y de los recursos naturales, sino que también afectarán al crecimiento económico nacional y conjunto y a las condiciones de vida y desarrollo de las personas.
En definitiva, una vez más, la realidad nos demuestra la importancia de que todos los ciudadanos estemos informados de nuestros derechos, en concreto, en este caso, en materia medioambiental, así como lo imprescindible que es contar con asesoramiento experto para conocer las posibilidades de emprender acciones frente a las entidades públicas y/o privadas infractoras, en aras a que nuestros derechos sean restaurados, compensados y respetados.
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