Tras la falta de acuerdo en la emisión de los conocidos como “coronabonos”, la Comisión Europea ha propuesto la creación de un fondo temporal de 100.000 millones de euros para conceder préstamos a los Estados miembros más afectados por las consecuencias del COVID 19.

Este fondo, que ha sido bautizado como “SURE”, tiene como finalidad principal la de financiar el mantenimiento del empleo, es decir, permitir que los Estados miembros puedan asumir sus sistemas de empleo temporal y se produzca el menor número de despidos posibles. Todo ello en aras a que, una vez superada esta crisis, el tejido económico pueda reactivarse cuanto antes posible.

En concreto, en España, esta medida serviría de apoyo al mecanismo de los expedientes de regulación de empleo al que ya se han acogido miles de empresas, pero también podría destinarse a financiar ayudas para los autónomos.

La propuesta que se ha hecho desde Bruselas no se basa en una asigna fija para cada Estado miembro, sino que se requerirá la solicitud previa por parte del Estado y será la Comisión la que, a la vista de la propuesta, fijará las condiciones del préstamo (importe, vencimiento o tipo de interés).

Además, debe tenerse en cuenta que se pretende que la emisión de esta financiación esté respaldada por los avales de los Estados miembros, en proporción a su renta nacional bruta.

En definitiva, lo que la Comisión Europea está haciendo es proponer medidas que eviten la destrucción del empleo y el mayor golpeo a las economías y sociedades de sus Estados miembros; es decir, crear mecanismos que tiendan a la estabilidad de la regulación y de la financiación del mercado europeo para superar de la mejor manera posible esta crisis en la que estamos inmersos; y ahora queda esperar hasta la semana próxima- en la que está prevista que los Estados miembros debatan sobre esta y otras propuestas- para saber si esta propuesta es aprobada y conocer en qué se concreta.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto, recientemente, sobre cuestiones relativas a los controles de fronteras y las obligaciones de los transportistas aéreos respecto de los pasarjeros.

La Sentencia del TJUE respecto a las obligaciones de transportistas aéreos

En efecto, en su Sentencia de 30 de abril de 2020, el Tribunal europeo ha resuelto una cuestión prejudicial planteada por un tribunal chipriota, ante el que se estaba resolviendo un litigio entre un ciudadano de tal Estado y la aerolínea rumana Blue Air-Airline Management Solutions SRL.

Así, en 2015, el personal de tierra de la referida compañía aérea denegó el embarque de un pasajero de Kazajistán, que pretendía volar desde Lárnaca (Chipre) a Bucarest, a pesar de presentar su reserva de vuelo, su pasaporte, un permiso de residencia temporal chipriota y la solicitud presentada ante las autoridades rumanas, para obtener el visado, así como la respuesta de dichas autoridades indicando que no era necesario tal visado, por entender que dicho pasajero no podría entrar en Rumanía sin disponer de tal visado ni un permiso de residencia emitido por las autoridades rumanas.

Este pasajero a quien se le negó el embarque, consideró esa actuación injustificada y contraria a Derecho de la Unión Europea (en concreto, a la Decisión nº 565/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimiento unilateral por Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía de determinados documentos como equivalentes a sus visados nacionales de tránsito o para estancias en sus territorios que no excedan de 90 días por período de 180 días) y presentó una demanda contra Blue Air-Airline Management Solutions SRL, ante los tribunales de Chipre, reclamando una compensación por las pérdidas económicas sufridas.

El Tribunal chipriota competente decidió suspender el procedimiento y plantear varias cuestiones prejudiciales ante el Alto tribunal europeo entorno a la interpretación de la referida Decisión nº 565/2014, el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) y el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

En su Sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea argumenta y dispone lo siguiente:

• Que un nacional de un tercer país (en este caso, de Kazajistán) puede invocar la Decisión nº 565/2004 frente al Estado de destino (en este caso, Rumanía), si este Estado es uno de que se han comprometido a aplicarla (como, efectivamente, ha hecho Rumanía), en tanto que la referida Decisión tiene efecto directo y general y, por tanto, esos nacional de un tercer país pueden invocarla frente al Rumanía.

Por tanto, y de conformidad con los compromisos y reconocimientos de documentos como equivalentes a los visados, que tiene asumidos el Estado Rumano, al pasajero kazajo no se le podía exigir ese visado ni un permiso de residencia emitido por las autoridades rumanas, siendo suficiente la documentación que presentó ante el personal terrestre de la compañía rumana, para su embarque.

• También se plantea al Tribunal de Justicia europeo si ese efecto directo de la Decisión nº 565/2014 también tiene efecto frente a los transportistas aéreos.

Ahora señala el Tribunal que, de conformidad con el referido Código de fronteras Schengen, no es posible invocar ante el tribunal chipriota, tal Decisión, ante estos transportistas de la compañía aérea rumana, pues, por las funciones que desempeñan – la comprobación de los documentos de viaje-, no son las propias de la guardia de fronteras y, por eso, no pueden ser considerados como una emanación del Estado, en este caso, rumano.

• En relación a la forma (sin resolución escrita ni motiva) de denegación del embarque, el Tribunal europeo considera que la misma contraviene lo dispuesto en el Código de fronteras Schengen, pues la denegación de la entrada debería haberse hecho mediante una resolución motivada de la autoridad nacional competente, en la que se indicaran los motivos exactos de dicha denegación, y entregado dicha resolución al pasajero, mediante un impreso normalizado.

• Y, por último, en relación a los dos citados Reglamentos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que “cuando se deniega el embarque contra la voluntad de un pasajero que reúne los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.º 261/2004, este tiene derecho a una compensación (…) salvo que haya motivos razonables para denegar su embarque, por ejemplo, la presentación de documentos de viaje inadecuados”. Y en este caso, el Tribunal considera que la denegación del embarque no obedeció a “motivos razonables” y que, de considerándolo así el órgano jurisdiccional remitente, los transportistas aéreos serán responsables, por mucho que en las condiciones generales de sus servicios se les exima de tal responsabilidad.

El próximo día 1 de julio será aplicable el Reglamento de ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas.

Esta nueva legislación europea en materia de vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como “drones”, unificará la regulación de los Estados miembros en esta materia y supone, sin ninguna duda, un paso más hacia la creación del llamado Mercado Digital Único Europeo, el cual avanza a pasos agigantados gracias a las implementaciones tecnológicas y a las adaptaciones normativas que han ido acompañando a este proceso tecnológico.

Este Reglamento regula no sólo la utilización de aeronaves no tripuladas y el equipo para controlarla de forma remota –lo que se conoce como el sistema de aeronave no tripulada (UAS)– sino, también, las distintas categorías de las operaciones de UAS–distinguiéndose entre categorías abiertas, específicas o certificas- los requisitos de competencia que deben reunir los pilotos a distancia, la edad mínima de estos pilotos, el registro de los operadores de UASen el lugar de residencia o trabajo del piloto, las operaciones transfronterizas o fuera del Estado miembro de registro, las operaciones de que puedan realizarse a petición de clubes o asociaciones de aeromodelismo, o las autoridades competentes responsables en la materia, que deberá designar cada Estado miembro.

Al margen de todas estas disposiciones técnicas, esta nueva norma reglamentaria europea no obvia la importancia de las normas de seguridad y protección tanto para con otros ciudadanos como para con el medio ambiente. En este sentido, impone a los operadores y a los pilotos de estas aeronaves estar informados del Derecho de la Unión Europea y nacional en relación a “la seguridad, la protección, la privacidad, la protección de datos, la responsabilidad, los seguros y la protección del medio ambiente”.

A la vista de todo lo anterior, sólo queda concluir resaltando que las instituciones europeas en todas sus actuaciones –incluso al regular temas tan actuales y novedosos como el relativo a los “drones”- sigue siendo fieles a los principios que, desde hace ya un tiempo configuran el eje transversal sobre el que gira todo el Derecho de la Unión europea. Y uno de estos principios es, dentro del marco de la protección de los derechos de sus ciudadanos, el de la protección del medio ambiente y los recursos naturales, lo que constituye el núcleo de las políticas europeas del “Plan de economía verde” y de la tendencia hacia un desarrollo económico y social basado en la Economía circular.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado, recientemente, en contra de la compañía aérea Ryanair, recordando que todos los gastos del proceso de contratación de un vuelo que sean inevitables y previsibles, deben ser indicados en la oferta inicial del vuelo.

El caso que ahora analiza el Tribunal europeo se remonta a 2011, cuando la Autoridad de la competencia italiana consideró que la referida compañía aérea estaba incurriendo en una práctica comercial desleal y engañosa, infringiendo, lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Código de Consumo.

Para esta Autoridad italiana, el incumplimiento de Ryanair se debía a que en su oferta de servicios, a través de internet, no especificaba el IVA aplicable a las tarifas de sus vuelos domésticos por determinados suplementos opcionales, ni los gastos adicionales por realizar el check-in en línea o los relativos a la gestión de la compra cuando esta se hacía a través de tarjetas de créditos distintas de las aprobadas por la propia aerolínea.

Reglamento sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos

La cuestión que, finalmente, tiene que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es si, en virtud del Reglamento (CE) Nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, esos precios deben ser incluidos en la oferta inicial del precio publicada.

Cabe recordar que el artículo 23.1 de este Reglamento dispone que;

“Las tarifas y fletes aéreos ofrecidos o publicados bajo cualquier forma, incluso en Internet, para servicios aéreos con origen en un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro al que se aplique el Tratado disponibles para el público en general incluirán las condiciones aplicables. Se indicará en todo momento el precio final que deba pagarse, que incluirá la tarifa o flete aplicable así como todos los impuestos aplicables y los cánones, recargos y derechos que sean obligatorios y previsibles en el momento de su publicación. (…)”

La resolución del TJUE

El Alto Tribunal europeo, basando su resolución en la argumentación aducida en otros asuntos similares, como los de Vueling Airlines (C-487/12), Air Berlin (C-290/16), ebokkers.com Deutschland (Asunto C-112/11) y Vueling Airlines (Asunto C-487/12), sostiene que, en sus ofertas en línea, las compañías aéreas deben indicar, desde un primer momento, el precio del billete, la tarifa aérea y, separadamente, los impuestos, los cánones y los recargos, que sean obligatorios y previsibles en el momento de publicar la oferta.

Y, en concreto, en relación a los conceptos a los que se refirió la Autoridad de la competencia italiana dispone lo siguiente:

• En primer lugar, que el IVA aplicado sobre suplementos opcionales relacionados con los vuelos domésticos debe estar indicado en la oferta inicial, en tanto que constituye un elemento obligatorio del precio. Tal y como destaca la Comisión es sus observaciones escritas, es un elemento inevitable debido a ese carácter obligatorio.

• En cuanto a los gastos por realizar el check-in en línea, si el usuario tiene la posibilidad de hacer el check-in en el aeropuerto, de forma gratuita, esos gastos se considerarán un suplemento y, por tanto, no tendrán por qué estar señalados en la oferta inicial; pero, si la compañía ofrece distintos métodos de facturación, sin que exista una opción gratuita, en tal caso, sí deberán ser indicados en la oferta inicial, pues son elementos del precio que no se podrán evitar y que son previsibles.

• Y, por último, también impone la obligación de que sea indicados en el precio inicial aquéllos recargos aplicables por efectuar la contratación del billete a través de tarjetas de crédito distintas de las indicadas por la compañía aérea, pues también los considera gastos los cuales el consumidor no tendrá más opción que asumir y previsibles, en tanto que impuestos por la propia compañía.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha suspendido de forma cautelar, y por segunda vez, en menos de año y medio, la actuación ejecutiva del gobierno de Polonia respecto de una nueva legislación que permitía aplicar un nuevo régimen disciplinario a sus jueces.

Esta nueva normativa fue adoptada por el estado polaco en 2017 y suponía, entre otras medidas, la formación, en el seno de su Tribunal Supremo, de una Sala Disciplinaria,cuyos quince miembros iban a ser escogidos, directamente, por los órganos ejecutivos y legislativos– a la que se asignaba la función de revisar y decidir sobre las cuestiones disciplinarias internas de los jueces polacos, así como la atribución, al Presidente de esa Sala, de la facultad discrecional de designar al órgano jurisdiccional que deba conocer de los asuntos disciplinarios.

Dicho esto, hemos de recordar que el Tratado de la Unión Europea prevé que “Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión” (artículo 19.1, párrafo segundo).

La imparcialidad y la independencia

Y fue por ello, por lo que, en el año 2019, la Comisión Europea advirtió que este nuevo régimen que el gobierno polaco preveía aplicar a sus magistrados era contrario al Derecho de la Unión Europea, en tanto que no hacía sino reducir y coartar la imparcialidad y la independencia de esa Sala Disciplinaria, y planteó una demanda, contra la República de Polonia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ya en ese momento, la decisión del Alto Tribunal Europeo, respecto a un caso concreto, fue la de declarar que ese régimen incumplía con la exigencia de independencia e imparcialidad judicial y que esa Sala Disciplinaria no podía ser considerada como tribunal.

A pesar de ello, esta Sala continuó desempañando sus funciones, por lo que, a principios de este año 2020, la Comisión instó ante el Tribunal de Justicia europeo un procedimiento de medidas cautelares por el que solicitaba, en términos generales, que, mientras no hubiera un decisión final del Tribunal respecto del incumplimiento, se suspendieran las funciones de la referida Sala Disciplinaria.

Una vez más, la decisión del auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido favorable a la postura de la Comisión Europea y, recordando al estado polaco que, si bien la organización del sistema judicial nacional es competencia de cada Estado miembro, éstos deben cumplir con el Derecho de la Unión Europea que prevé, en concreto, el principio de independencia judicial, ha suspendido los poderes de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco.