Desde Navas & Cusí llevamos denunciando a la Comisión Europea, desde 2013, el incumplimiento de lo establecido por el Derecho del Consumo en lo que respecta al terreno bancario y financiero.
Nos complace señalar que dicha queja, realizada formalmente, fue admitida a trámite, trasladándonos la oportuna legitimación para personarnos en el procedimiento, aunque finalmente ha sido precisa la apertura de un expediente con carácter sancionador, estando obligada la Justicia española, en un plazo de dos meses, a adoptar las directrices marcadas por Europa con respecto al Derecho del Consumo, en este caso relativo al sector bancario y financiero.
¿Creéis que la Justicia española será capaz de adoptar dichas directrices establecidas por Europa, en el marco de un país sin Gobierno estable? ¿Consideráis que la praxis bancaria será autorregulada por las propias entidades financieras?
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